Santo Domingo. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, alertó hoy sobre la existencia de un “cartel eléctrico” que tiene como objetivo fundamental destruir cualquier resquicio de competencia por parte del Estado dominicano con el sector eléctrico privado, destruyendo la generadora Punta Catalina.
Surun hizo estas declaraciones en la sección Actualidad Meridiana, que dirige el comunicador Alfredo de la Cruz, del programa Súper Meridiano, que se transmite de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde por Supercanal 33.
“El objetivo fundamental del proyecto de fideicomiso, regalo o privatización de Punta Catalina, no solamente contempla el sabotaje de esa planta para que no genere más y de esa manera haya escasez en energía eléctrica y los precios se disparen, está también destruir la única institución del Estado dominicano autorizada por ley a construir plantas eléctricas y suministrar energía eléctrica que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales”, agregó Surun Hernández.
El presidente del Colegio de Abogados dijo, además, que los que conforman dicho cartel o comité técnico del fideicomiso que administrará Punta Catalina fueron opositores radicales a la construcción de la planta y de cualquier unidad de generación eléctrica en el país.
Surun recordó que, precisamente, Celso Marranzini, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. fue catalogado por el actual ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, como el administrador más desastroso en toda la historia de la CDEEE.
“El que lee el contrato que no es de fideicomiso de Punta Catalina llega a la conclusión de que es meramente un regalo o despojo de un bien público en favor de un cartel eléctrico responsable de la crisis eléctrica”, añadió.
Surun Hernández finalizó afirmando que “la única opción válida, legal y constitucional que evitará problemas sociales es rechazar ese contrato mal llamado fideicomiso porque atenta contra los intereses de la nación y constituye un despojo fraudulento del patrimonio público”.
